Formacion y debate: El proyecto nacional y los derechos humanos. 8 DE AGOSTO DE 2012: ES INDAGADO PABLO BLAQUIER, DUEÑO DEL INGENIO LEDESMA, POR LAS CAUSAS DE DESAPARICIONES DE OBREROS Y DELEGADOS DURANTE LA DICTADURA EN LA EMPRESA JUJEÑA LEDESMA.
Después de muchas dilaciones, Pedro Blaquier declaró por teleconferencia, acusado de la represión ilegal en Jujuy.
A las 8:30 empezó la indagatoria en el Consejo de la Magistratura, la Justicia federal de Jujuy le preguntó en cambio por dos expedientes: los secuestros del 24 de marzo de 1976, que tiene al exintendente Luis Arédez entre las víctimas, y treinta víctimas de los secuestros masivos de la Noche del Apagón, de julio de ese mismo año, entre los que hay seis desaparecidos. Al presidente de Ledesma se lo indagó en los dos casos por la hipótesis de su intervención en la violación de domicilios, secuestros y tormentos. En la causa de la Noche del Apagón fue interrogado por el presunto delito de homicidio.
Blaquier declaró vía Internet, conectado con el juzgado de Jujuy. El juez federal Fernando Poviña aceptó un pedido de ampliación de indagatoria por cada uno de esos cargos que presentó el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien consideró que Blaquier “debería quedar detenido hoy mismo”. Las condiciones de su declaración cambiaron y el presidente del Ingenio Ledesma consiguió declarar en Buenos Aires, los organismos de derechos humanos que esperaron estas indagatorias en Jujuy durante años.
“Durante los operativos se secuestró a gran cantidad de habitantes del departamento Ledesma –dice la presentación del fiscal–, habiéndose usado para ello vehículos de la Empresa Ledesma SAAI”. Los operativos se hicieron “de manera conjunta personal de la policía de la provincia, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y personal de la ya mencionada empresa Ledesma”.
Según los datos que figuran en el requerimiento, a la mayoría de las víctimas las trasladaron desde sus casas hasta puestos transitorios de la policía de Calilegua y de Libertador San Martín y a la sede de la Gendarmería, ubicados estos últimos en territorio de Ledesma. Los “vehículos” de la compañía volvieron a aparecer más tarde en los traslados de los prisioneros al centro clandestino de Guerrero y en desplazamientos posteriores a unidades penitenciarias de Jujuy.
Para la fiscalía, las pruebas están indicando a esta altura de la investigación y de modo provisorio que Blaquier tuvo una participación en la trama penal de los crímenes de la dictadura. La acusación, sin embargo, no significa que se le impute una ejecución directa, por ejemplo, en el caso de los homicidios. La Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración, dice “se lo supone como parte de un sistema en el que cada pieza es necesaria para que se lleve a cabo el delito”.
La llamada “causa Arédez” tiene cinco víctimas, secuestradas de sus casas la madrugada del 24 de marzo de 1976 por personal del ejército y de la policía. Eran Luis Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Fillio y Omar Claudio Gainza. La quinta fue Carlos Alberto Melián, que no estaba en su casa, pero lo secuestraron finalmente el 9 de abril. En los operativos se usaron “vehículos de la empresa Ledesma SAAI, en los que también se trasladó a los nombrados”, dice la presentación de la fiscalía. Las víctimas estuvieron en el penal de Villa Gorriti, que desde el golpe funcionó con lógica de centro clandestino. Recibieron torturas, les derramaron agua caliente sobre el cuerpo y latigazos en las zonas íntimas en el trayecto a los baños. El 7 de octubre de 1976 los llevaron a la Unidad 9 de La Plata.
Todos fueron liberados en distintos momentos, pero a Arédez lo volvieron a secuestrar. Lo soltaron el 5 de marzo de 1977 y lo secuestraron de nuevo el 13 de mayo de ese año, en la Ruta 34, cuando volvía del Hospital Escolástico Zegada de Fraile Pintado. Según la causa, Arédez fue interceptado por otro vehículo y desde entonces permanece desaparecido.
Por esta causa, Blaquier fue indagado por secuestros y tormentos. La Unidad Fiscal, a cargo de Jorge Auat, sugirió que podía ser indagado además por el homicidio de Arédez. Para la fiscalía existe “una línea de continuidad” entre el primero y el segundo secuestro, porque los entiende como parte del mismo hecho.
A las 8:30 empezó la indagatoria en el Consejo de la Magistratura, la Justicia federal de Jujuy le preguntó en cambio por dos expedientes: los secuestros del 24 de marzo de 1976, que tiene al exintendente Luis Arédez entre las víctimas, y treinta víctimas de los secuestros masivos de la Noche del Apagón, de julio de ese mismo año, entre los que hay seis desaparecidos. Al presidente de Ledesma se lo indagó en los dos casos por la hipótesis de su intervención en la violación de domicilios, secuestros y tormentos. En la causa de la Noche del Apagón fue interrogado por el presunto delito de homicidio.
Blaquier declaró vía Internet, conectado con el juzgado de Jujuy. El juez federal Fernando Poviña aceptó un pedido de ampliación de indagatoria por cada uno de esos cargos que presentó el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien consideró que Blaquier “debería quedar detenido hoy mismo”. Las condiciones de su declaración cambiaron y el presidente del Ingenio Ledesma consiguió declarar en Buenos Aires, los organismos de derechos humanos que esperaron estas indagatorias en Jujuy durante años.
“Durante los operativos se secuestró a gran cantidad de habitantes del departamento Ledesma –dice la presentación del fiscal–, habiéndose usado para ello vehículos de la Empresa Ledesma SAAI”. Los operativos se hicieron “de manera conjunta personal de la policía de la provincia, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y personal de la ya mencionada empresa Ledesma”.
Según los datos que figuran en el requerimiento, a la mayoría de las víctimas las trasladaron desde sus casas hasta puestos transitorios de la policía de Calilegua y de Libertador San Martín y a la sede de la Gendarmería, ubicados estos últimos en territorio de Ledesma. Los “vehículos” de la compañía volvieron a aparecer más tarde en los traslados de los prisioneros al centro clandestino de Guerrero y en desplazamientos posteriores a unidades penitenciarias de Jujuy.
Para la fiscalía, las pruebas están indicando a esta altura de la investigación y de modo provisorio que Blaquier tuvo una participación en la trama penal de los crímenes de la dictadura. La acusación, sin embargo, no significa que se le impute una ejecución directa, por ejemplo, en el caso de los homicidios. La Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración, dice “se lo supone como parte de un sistema en el que cada pieza es necesaria para que se lleve a cabo el delito”.
La llamada “causa Arédez” tiene cinco víctimas, secuestradas de sus casas la madrugada del 24 de marzo de 1976 por personal del ejército y de la policía. Eran Luis Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Fillio y Omar Claudio Gainza. La quinta fue Carlos Alberto Melián, que no estaba en su casa, pero lo secuestraron finalmente el 9 de abril. En los operativos se usaron “vehículos de la empresa Ledesma SAAI, en los que también se trasladó a los nombrados”, dice la presentación de la fiscalía. Las víctimas estuvieron en el penal de Villa Gorriti, que desde el golpe funcionó con lógica de centro clandestino. Recibieron torturas, les derramaron agua caliente sobre el cuerpo y latigazos en las zonas íntimas en el trayecto a los baños. El 7 de octubre de 1976 los llevaron a la Unidad 9 de La Plata.
Todos fueron liberados en distintos momentos, pero a Arédez lo volvieron a secuestrar. Lo soltaron el 5 de marzo de 1977 y lo secuestraron de nuevo el 13 de mayo de ese año, en la Ruta 34, cuando volvía del Hospital Escolástico Zegada de Fraile Pintado. Según la causa, Arédez fue interceptado por otro vehículo y desde entonces permanece desaparecido.
Por esta causa, Blaquier fue indagado por secuestros y tormentos. La Unidad Fiscal, a cargo de Jorge Auat, sugirió que podía ser indagado además por el homicidio de Arédez. Para la fiscalía existe “una línea de continuidad” entre el primero y el segundo secuestro, porque los entiende como parte del mismo hecho.
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